La Revista Estado y políticas públicas llama a la convocatoria N° 25 para el dosier Evaluación de políticas públicas y fortalecimiento de la democracia, coordinado por Nerio Neirotti.
La evaluación de políticas públicas en la región latinoamericana y en el Caribe ha avanzado notablemente a partir de la década de 1990. Dan cuenta de ello el incremento y la calidad de las prácticas evaluativas, el desarrollo teórico y metodológico del campo transdisciplinar de la evaluación, el aumento y la consolidación de estructuras y capacidades gubernamentales, el crecimiento de espacios académicos de formación, el proceso de profesionalización creciente y la proliferación de redes nacionales y regionales.
Desde el punto de vista de las capacidades de los gobiernos de la región, se observa que se han desarrollado distintas estructuras institucionales, sean de carácter comprehensivo (sistemas nacionales de evaluación) o referidas a sectores específicos; algunas ligadas al presupuesto y otras articuladas con la planificación. De los sectores en los que tradicionalmente se llevaban a cabo evaluaciones, tales como economía, salud y educación, entre otros, se ha extendido la atención hacia nuevas áreas como las de pobreza e inclusión social, ambiente, género y cuestiones indígenas. A su vez, se han desarrollado sistemas de información para brindar insumos a las evaluaciones, se ha incrementado la capacitación al interior del Estado y se han abierto canales de difusión pública sobre las políticas orientadas a la ciudadanía.
En cuanto al conocimiento y las capacidades de los evaluadores, se podría hablar de avances progresivos, contando con el desarrollo metodológico y teórico al comienzo, el fortalecimiento de las herramientas de gestión de las evaluaciones posteriormente, para seguir luego con la articulación entre los aspectos técnicos y los políticos, y el incremento de la capacidad comunicativa. Ha sido muy destacable la proliferación de ofertas de formación en evaluación surgidas desde universidades e institutos de educación superior, así como la creación y consolidación de redes profesionales de evaluadores a nivel nacional y regional, todo lo cual, junto con el crecimiento de la función en el sector gubernamental, ha contribuido a generar verdaderos ecosistemas nacionales de evaluación. Sin embargo, estos ecosistemas no cuentan en general con una coordinación adecuada y está presente el interrogante de cuán articuladas están las prácticas evaluativas con la toma de decisiones de los gobiernos y de cuán transparentes son las evaluaciones. En nuestros días, también cobra vigencia la pregunta sobre el real uso de éstas, tanto en el nivel general de dirección estratégica de las políticas públicas como en los niveles programáticos e institucionales específicos (escuelas, hospitales, etcétera), lo cual supone un despliegue de líneas de acción tendientes a la apropiación de los conocimientos y recomendaciones evaluativas por quienes son involucrados, tanto del Estado como de la sociedad civil.
Por último, en cuanto a la concepción de la evaluación, se ha pasado de tomar esta función como tarea de fiscalización de carácter punitivo, a considerarla una instancia de aprendizaje que facilita la responsabilización. También se ha dado un considerable avance en relación con la finalidad de evaluación, inicialmente dirigida sólo a los resultados programáticos, y luego orientada cada vez más por la perspectiva de derechos. Se ha difundido la evaluación participativa, que propugna una producción democrática de conocimiento y que incluye las distintas voces de los actores involucrados. Más aún, con la inquietud de superar las visiones tecnocráticas, diversos sectores profesionales y académicos trabajan actualmente sobre la búsqueda de una evaluación con pensamiento propio de la región, a la que se le da diversos nombres, tales como evaluación contrahegemónica o evaluación decolonial.
En esta línea, desde hace tiempo, ha emergido la inquietud por una evaluación al servicio del fortalecimiento de la democracia. Desde esta perspectiva, se considera que la evaluación de las políticas públicas no sólo es un mecanismo para mejorar la gestión, optimizar recursos y ampliar la eficacia administrativa. Se entiende que, desde la evaluación, se debe promover la ampliación de derechos, proveer de mayor transparencia a las políticas, generar una distribución equitativa de conocimientos sobre las mismas, fortalecer la participación ciudadana, incluir las voces de los sectores más postergados y dinamizar la deliberación pública. De este modo, se contribuye de manera decisiva a la construcción de una sociedad más justa y democrática y aumenta la legitimidad de las decisiones gubernamentales.
La revista invita a la presentación de artículos de investigación inéditos que exploren y analicen desde diversas perspectivas, distintos modos a través de los cuales la evaluación fortalece la democracia. A tal fin resultará de gran utilidad el aporte de estudios teóricos y metodológicos, presentación de casos y estudios comparativos, así como análisis sobre procesos de desarrollo de las evaluaciones, estructuras y capacidades, y la exposición de herramientas diversas que apunten a enriquecer la perspectiva democrática.
De modo ilustrativo, se presentan algunos ejes (el listado no es exhaustivo) que podrán tomarse en cuenta:
- Desarrollos teóricos y metodológicos que brinden ideas y herramientas para la evaluación al servicio de la democracia.
- Estudios sobre mejora institucional como producto de las evaluaciones basadas en evidencia, incluyendo el aprendizaje de las organizaciones, innovaciones, gobierno abierto e incremento de calidad de las políticas.
- Avances de los diálogos entre políticos, profesionales y académicos, que favorezcan el apoyo, la continuidad y el uso de las evaluaciones, lo cual –junto con el involucramiento de los destinatarios y las organizaciones de la sociedad civil en las evaluaciones– las fortalece al brindar a sus recomendaciones mayores márgenes de viabilidad y sostenibilidad.
- Experiencias significativas de aplicación y uso de las evaluaciones en los distintos niveles del Estado y espacios de la sociedad civil, incluyendo el apoyo de los evaluadores en la generación de capacidades instaladas para la aplicación de mejoras.
- Trabajos referidos a la cuestión de la transparencia, el acceso a la información sobre evaluaciones y la rendición de cuentas de los agentes públicos con base en evaluaciones.
- Análisis sobre el fortalecimiento de la participación ciudadana, ya se trate de la inclusión de actores diversos en la producción evaluativa, como de la participación en consultas o el acceso a la información clara, fortaleciendo el debate y el involucramiento en la toma de decisiones, así como la vigilancia pública sobre el cumplimiento de compromisos gubernamentales.
- Reflexiones sobre la contribución de la evaluación a la legitimidad democrática, entendiendo que cuando la evaluación es transparente y participativa, las políticas implementadas ganan legitimidad, ya que se perciben como fruto de un proceso inclusivo y de fortalecimiento del Estado de derecho.
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Cristina Ruiz del Ferrier, editora
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30-6-2025
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